¿A qué edad hay que mandar a jubilar a los profesores universitarios?

 

Mayores de 70 años expulsados de las aulas

En Alemania, cuando Otto von Bismark creó el sistema jubilatorio en 1881, la esperanza de vida promedio era de menos de 40 años y la edad jubilatoria se fijó en 70 años.

Con los avances de la salubridad, la alimentación, la medicina y la tecnología, la esperanza de vida en el mundo se duplicó en los últimos 100 años.

En Argentina, la esperanza de vida llegó a un récord cuando en 2016 se determinó que Secundina Virginia Moyano, de 110, años era la persona más longeva de nuestro país. El promedio de vida es hoy de 80,44 años para las mujeres y de 72,06 para los varones, llegando en ciertas zonas a un promedio de 85 años para las mujeres y 77 para los hombres.

Si bien las edades jubilatorias se mantienen como un derecho a partir de los 65 años para los hombres y de los 60 para las mujeres (ley 24.241), lo cierto es que, al momento de cumplir los 70 años, y si se tienen las demás condiciones, ambos pueden ser obligados por el empleador a jubilarse aún contra su voluntad (art. 252 LCT conf. Ley 27.426).

Ahora bien, en el caso de los profesores universitarios la situación de retiro es similar.

Es cierto que a partir de la ley 26.508 y las Resoluciones 2067/11 y 4393/12 del Consejo Superior de la UBA se logró que, en lugar de cesar a los 65 años como marca el art. 51 del Estatuto Universitario, pudieran optar por seguir hasta los 70 años.

Sin embargo, considerando las tareas intelectuales de los profesores, dicha reglamentación sigue siendo un enorme despropósito: se los expulsa de la universidad a los 70 años  cuando a esa edad se encuentran en la mayor plenitud de conocimientos y capacidades, y mantienen su vocación para seguir enseñando.

Adviértase que es un sistema en el que todos pierden:

Pierden los alumnos, porque los profesores mayores son reemplazados por profesores jóvenes, con entusiasmo pero sin sus conocimientos, experiencias, valores y sabidurías.

Pierden los profesores, porque la jubilación forzosa los priva de un propósito de vida, de la consideración social, de su grupo de pertenencia y de la posibilidad de seguir generando y aportando ideas y valores.

Pierde la enseñanza pública porque, en muchos casos, los que son expulsados de las universidades públicas con acogidos por las universidades privadas, produciéndose una suerte de fuga forzada de cerebros.

También pierde el presupuesto del Estado, ya que tendrá que hacer frente al sueldo del nuevo profesor al mismo tiempo que al haber del docente jubilado.

Finalmente, pierde la sociedad toda porque el encuentro y el diálogo intergeneracional que se producen en la universidad, entre los profesores (“seniors” y “baby boomers”) y los alumnos (“millenials” y “centenials”), es uno de los pilares del equilibrio entre los valores de la modernidad y de la posmodernidad, eje de una sana convivencia social.

Paralelamente, vemos que existen otras profesiones en las cuales la ley reconoce capacidades intelectuales luego de los 65 o 70 años y autoriza a los interesados a permanecer en sus cargos por lo menos hasta los 75 años, como es el caso de los jueces (art. 99 inc. 4° Constitución Nacional) y de los obispos (ley 21.540).

Se advierte entonces que las normas cuestionadas, además de las pérdidas señaladas, implican una suerte de “viejismo” o “edadismo”, vale decir, una discriminación fundada exclusivamente en la edad, lo que está expresamente prohibido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la O.E.A. en 2015, ratificada por Argentina en 2017, por ley 27.360, promulgada por Dec. 375/2017.

Por todo ello, consideramos que es el momento de que se modifique las normas que obligan a los profesores universitarios a cesar a los 70 años sin atender su voluntad, elevándose la opción para seguir enseñando hasta los 75 años.